Plataforma 2012

ANDALGALA CIUDAD SITIADA

2012-02-13T12:45:00.000-03:00

Repudio Oleada Represiva y Solidaridad con las Poblaciones que Resisten

12 de febrero de 2012

Plataforma 2012 repudia la oleada represiva que viene desarrollándose en Catamarca (Belén, Santa Maria y Tinogasta), así como en Amaicha del Valle (Tucumán), contra las poblaciones que se oponen a la megaminería.

Asimismo, denunciamos la situación grave que atraviesa la ciudad de Andalgalá, actualmente sitiada por bloqueos promineros selectivos y discriminatorios, cuya única finalidad es impedir la entrada a periodistas que no son de la zona o que presentan una visión crítica de la megaminería, así como de reconocidos organismos de derechos humanos.

Se trata de bloqueos en los ingresos a la ciudad, en los cuales se han apostado personas que han reconocido públicamente trabajar para las empresas mineras y empresas subcontratistas.

Gabriel Levinas, periodista de plazademayo.com y miembro de Plataforma 2012 no ha podido ingresar a la ciudad. Lo mismo ocurrió con un equipo de periodistas de TN y con nueve personas que iban en representación del Servicio de Paz y Justicia. Estas últimas, cuando se identificaron, además de impedírseles el ingreso, fueron amenazadas y se les dijo que Adolfo Pérez Esquivel era persona non grata allí, acusándolo de ser "el que organizaba con gente de afuera de la provincia toda esta acción de hippies y de ambientalistas contra la minería".

Se nos ha advertido también que camionetas de empresas contratistas patrullan controlando el territorio, siguiendo los movimientos de los periodistas y utilizando maquinaria de las empresas para cerrar caminos vecinales. La policía se ha limitado a controlar que no agredan a los periodistas, pero avala el cierre de los accesos a la localidad, demostrando claramente su complicidad con las patotas que no permiten el ingreso a la ciudad.

Este acto constituye un claro agravamiento de la situación de por sí ya extremadamente dramática que se vive en la provincia de Catamarca, luego de varios episodios represivos y constituye un peligroso atentado contra la libertad de expresión y el pluralismo periodístico, así como de grave persecución a las expresiones de solidaridad para con las resistencias contra la megaminería.

Plataforma 2012 exige a los gobiernos provincial y nacional el cese inmediato de la situación, asegurando los derechos y garantías básicas de todos los ciudadanos, frente a este grave escenario que indica el establecimiento de una zona liberada y controlada por las empresas mineras.

Asimismo expresamos nuestra solidaridad con todas las poblaciones que están resistiendo el avasallamiento de las corporaciones mineras, que han sufrido en estos días distintos modos de represión y, en particular hoy con la población de Andalgalá, organizaciones de derechos humanos y periodistas afectados.

Pronunciamiento de Plataforma 2012 sobre la Megaminería - Versión Completa y Firmas

2012-02-10T13:29:00.000-03:00

(Ver también Versión Resumida y Anexo Documental)

10 de Febrero de 2012

Plataforma 2012 surge de la necesidad de construir una voz colectiva que pueda debatir abierta y públicamente los grandes problemas nacionales para contribuir al accionar social transformador, por fuera de los reduccionismos y del encapsulamiento del debate que promueve polarizaciones descalificadoras.

Plataforma 2012 es un colectivo de intelectuales y trabajadores de la cultura comprometidos en la lucha por un país verdaderamente independiente, una sociedad justa e igualitaria con plena vigencia de la libertad y los derechos humanos.

Plataforma 2012 se propone como un espacio plural, democrático e independiente de los diferentes grupos de poder, sea éste político, económico o mediático.

Desde su primer pronunciamiento, a comienzos de este año, Plataforma 2012 planteó la necesidad de recuperar el pensamiento crítico más allá del discurso del oficial. La enorme repercusión que produjo aquel primer documento y la cantidad de adhesiones que nos siguen llegando desde distintos puntos del país, confirman la existencia de aquella necesidad y comprometen a Plataforma a consolidar un espacio que pueda hacer audibles las múltiples voces que desde el campo popular piensan críticamente la realidad.

El relato oficial pretende enmascarar una realidad que eclosiona en diferentes manifestaciones en el cuerpo social. Plataforma 2012 considera que el desmontaje de ese relato - que por vía de la sacralización épica, la negación, la tergiversación, la desmentida, los silencios y ocultamientos tiende a imponer una visión monolítica y unívoca de la realidad - puede ser una herramienta que contribuya a resituar el debate de los grandes problemas nacionales. Desde esta perspectiva, los síntomas de malestar social, lejos de ser leídos como producto de algunas anomalías en el interior de un proceso transformador, pueden ser comprendidos como efectos de una política global de gobierno.

Tres son los ejes en los que Plataforma 2012 se ha centrado desde su primer pronunciamiento: desigualdad, en un registro abarcador, que no se mide solamente en términos económicos, sino de desigualdad social, educativa, sanitaria, ambiental, de género, así como las implicancias que esto tiene en términos de desigualdades políticas y deterioro institucional; vínculos del gobierno con las grandes corporaciones económicas; y violación de los derechos humanos hoy.

En este sentido, la problemática de la minería transnacional - que a través de las demandas de la pueblada de Famatina hizo visibles las luchas presentes en todo el país -, ha demostrado su urgencia y dramatismo. Este tipo de minería ilustra de manera cabal los tres puntos enunciados y cómo esta tríada se inscribe en una política nacional: mayores desigualdades económicas, territoriales, sanitarias, ambientales y sociales; alianza estratégica entre el gobierno nacional y grandes corporaciones mineras transnacionales; y violación de los derechos humanos a través de la criminalización de la protesta social. Del mismo modo, el problema de la megaminería ha desenmascarado el relato mistificador del gobierno, que procura deslindar su responsabilidad en la aplicación de la política megaminera y sus consecuencias, atribuyéndola a decisiones de competencia exclusiva de los gobiernos provinciales, como si la aplicación de esas políticas no respondiera a una política nacional impulsada por el Ejecutivo y como si esos gobiernos no formaran parte de la estructura de alianzas oficialista.

Durante los años `90, bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem, se introdujeron grandes modificaciones en la sociedad y la economía argentinas. Con apoyo del FMI y otros organismos internacionales, se privatizaron los recursos naturales, entre ellos los minerales, y se sentaron las bases de un nuevo marco normativo y jurídico en relación a éstos, que se extiende hasta nuestros días. La aplicación de estas políticas neoliberales acentuaron aun más las asimetrías, condenando a los países dependientes y periféricos a la extracción y provisión de bienes primarios en favor de los países más poderosos del planeta, consumidores de las mismas. En la actualidad, los resultados de la aceptación de este patrón de acumulación son conocidos: tendencia a la reprimarización del aparato productivo interno -hecho confirmado por diferentes informes económicos-; extranjerización de la industria, de recursos naturales (minerales, petróleo, gas, tierras y agua); concentración económica -en algunas empresas multinacionales, que controlan el mercado global-; especialización productiva -exportación de algunos productos, sin valor agregado-; desigual distribución de los conflictos ecológicos y territoriales, que perjudica a los países periféricos, y, dentro de ellos, a aquellos sectores sociales de mayor vulnerabilidad; en fin, consolidación de verdaderos enclaves neocoloniales, que van configurando espacios productivos estructuralmente dependientes del mercado internacional en términos económicos, comerciales, financieros y tecnológicos.

En esta línea, lejos de ser “motor de desarrollo”, como argumentan sus defensores, la megaminería trasnacional refuerza la dependencia hacia los centros capitalistas de poder global, y profundiza las formas de desigualdad ya existentes a escala local, provincial y nacional: expoliación económica, devastación institucional, destrucción de territorios y depredación de bienes naturales, fragmentación y control social, cooptación científico-tecnológica, ya son hechos incontestables de nuestra realidad del siglo XXI, que no hacen más que remitir y actualizar la triste historia colonial del continente.

El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Tras 15 años de explotación, el paisaje catamarqueño da cuenta de empobrecimiento; asistencialización generalizada de la población; falta de empleo, de agua, de electricidad; naturalización de la devastación ambiental; institucionalización del clientelismo y la corrupción; degradación de la cultura democrática; profundización de las desigualdades sociales y ambientales.

Recordemos que este tipo de minería se propone extraer los minerales diseminados en la roca portadora, a través del sistema de explotación minera a cielo abierto (open pit), que utiliza técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación, esto es, sustancias químicas altamente contaminantes, que producen impactos negativos en la salud de las poblaciones y cuantiosos daños ambientales, los cuales han sido probados en diferentes países y regiones. Se trata de minería a gran escala, es decir, de mega-emprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). Dada su envergadura, estos emprendimientos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes y “liberando” territorios que, de ahí en más, quedan presos de la lógica económica de las grandes compañías trasnacionales. En ese marco se producen hondas transformaciones de la ciudadanía; asistimos cada vez más a la territorialización de los conflictos y a la violación de derechos ambientales y colectivos, que se hallan amparados por la normativa nacional e internacional, y que incluyen también los derechos de los pueblos originarios (Convención 169 de la OIT). Dichas violaciones repercuten asimismo sobre los llamados derechos de primera generación, como son el de la libre expresión y el derecho de petición, impedidos u obstaculizados de modo recurrente en determinados escenarios provinciales (Catamarca, San Juan, La Rioja, entre otros).

Son las pequeñas y medianas poblaciones de nuestras provincias, sobre todo en las zonas pre-cordilleranas y cordilleranas, pero también en otras regiones áridas del país, las que hoy sufren la embestida de este modelo neocolonial. Desde las movilizaciones de Esquel, donde se llevó a cabo el único plebiscito en el país por este tema (2003), pasando por la represión y la pueblada de Andalgalá (2010), hasta la actual gran pueblada de Famatina, las poblaciones vienen rebelándose contra la expansión de este tipo de minería, con claros reclamos que subrayan el derecho a un ambiente sano, el derecho a elegir un modo de desarrollo congruente con el respeto de la vida presente y futura, de las personas y de los ecosistemas; en fin, el derecho a participar de las decisiones colectivas en el marco de una sociedad que se quiere democrática.

Esquel y Gan Gan, Andalgalá, Belén, Santa María y Tinogasta, Chilecito y Famatina, Calingasta y Jachal, Ingeniero Jacobacci y Bariloche, Gregores, Campana Mahuida-Loncopué y Rincón de los Sauces, General Alvear, San Carlos y Uspallata, Capilla del Monte, Casa Grande y Yacanto de Calamuchita, La Carolina y Merlo, Abra Pampa, Cangrejillos y Tilcara, Cafayate, Metán y Tolar Grande, Jasimampa y Sumampa, Amaicha del Valle y El Paso, valles enteros de diferentes provincias, entre tantos otros nombres, son algo más que puntos supuestamente remotos de nuestra amplia geografía nacional. Son poblaciones que, detrás de la bandera “El agua vale más que el oro”, han ido construyendo de modo perseverante y en situación de gran asimetría de fuerzas, una red de resistencias local y regional, que, en varios casos, ha tenido como producto la sanción de leyes provinciales que prohíben este tipo de minería con algunas sustancias químicas (Chubut, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Rioja y Tierra del Fuego). Son estas poblaciones las que también estuvieron detrás de la defensa activa de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares, que fuera vetada por la actual presidenta en 2008, resancionada en septiembre de 2010, luego de un arduo trabajo transversal de organizaciones sociales y ambientales, diferentes profesionales y representantes del Congreso Nacional, con la oposición activa de gran parte del oficialismo. Son estas poblaciones las que resisten de pie frente a la derogación de las leyes que prohibían este tipo de minería, como sucedió desde 2008 en La Rioja, y recientemente, en diciembre de 2011, en Río Negro.

Por ello creemos que resulta injusto y agraviante imputar “irracionalidad” o “falta de información” a la fuerte oposición que este tipo de minería ha generado en vastas poblaciones de nuestras provincias. La megaminería no es cuestionada por desconocimiento, ni por falta de cultura productiva, sino precisamente porque ésta constituye una síntesis acabada del maldesarrollo. Se trata además de un modelo que pone en jaque a la democracia, pues avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad y una nueva espiral de criminalización de las resistencias. A la causa penal abierta contra los vecinos de Andalgalá y Famatina, se sumaron, primero, la detención de 18 vecinos en el pueblo de Santa María en Catamarca, a quienes se los acusa de entorpecer el tránsito terrestre (art. 194 CP) y de ser parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213 bis); segundo, la represión desatada por la policía provincial contra los vecinos de Belén, que dejó como saldo decenas de detenidos (entre ellos, un niño menor de 13 años); tercero, la brutal represión y desalojo en Tinogasta y asimismo en Amaicha del Valle. Frente a estos hechos no podemos olvidar que ante la resistencia del pueblo de Gualeguaychú en defensa de sus derechos fue la propia Cristina Fernández de Kirchner quien firmó el decreto (828/2010) a través del cual instruyó al Procurador General del Tesoro a denunciar a 10 vecinos de Gualeguaychú acusándolos de los delitos de sedición, atentado contra el orden democrático, más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva.

Resulta claro que la criminalización de la protesta es una política represiva nacional que está siendo profundizada. En este y no en otro marco, el Congreso Nacional aprobó la la nueva Ley Antiterrorista, enviada por el ejecutivo, que modifica la ya sancionada bajo el mandato de Néstor Kirchner en el año 2007.

Tampoco creemos que pueda responsabilizarse exclusivamente a las provincias, las cuales detentan el “dominio originario” de nuestros recursos naturales, luego de la reforma de la constitución de 1994. El marco económico y jurídico que beneficia a la megaminería se sustenta en una batería de leyes nacionales, sancionadas en los años `90, que aseguran una rentabilidad extraordinaria a las empresas, al compás del aumento de los precios internacionales de los minerales. Está legislación se mantiene en la actualidad y es custodiada por los legisladores nacionales oficialistas, junto a los sectores conservadores de ambas Cámaras, quienes no permiten siquiera la discusión de los proyectos que pretenden modificarla. Por su parte, a través del Tratado Binacional sobre Integración y Complementación Minera firmado con Chile -1996- que sancionó una legislación de “facilitación fronteriza”, se consumó la entrega de una parte de la cordillera a las transnacionales mineras, entre ellas a la empresa canadiense Barrick Gold que hoy opera en San Juan, a través de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama. Esta empresa judicializó la ley nacional de protección de los glaciares, y logró, mediante una medida cautelar que dicha norma no se aplique en esa provincia. El tema está hace meses “a estudio” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejando así a los glaciares a merced del negocio minero en San Juan. En el resto del país, la pasividad del gobierno nacional -como autoridad de aplicación- en implementar efectivamente dicha norma, resulta inaceptable.

Así, lejos de ser una “rémora” del viejo orden neoliberal, este ordenamiento jurídico-económico encuentra un apoyo incondicional en las políticas del gobierno nacional, desde 2003 hasta la fecha. En 2004, Néstor Kirchner avaló el Plan Minero Nacional, declarando la actividad de interés estratégico y sumando nuevos beneficios y exenciones a la misma. En el mismo año se firmó con Chile el “Protocolo Adicional Específico” al Tratado para el proyecto minero binacional Pascua Lama, donde –entre otras cosas- ambos países se obligaron a permitir a “los inversionistas de una y otra, el uso de toda clase de recursos naturales necesarios para el desarrollo minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios”. La actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no sólo ha buscado alentar la inversión minera -como en su discurso en El Qatar, en 2011-, sino que también ha dado muestras claras del apoyo del aparato del Estado a la megaminería. Uno de los ejemplos más emblemáticos, además del veto a la ley nacional de protección de glaciares, ha sido su participación en diferentes reuniones con Peter Munk, el CEO de la empresa Barrick Gold, tanto en Toronto como en Buenos Aires, a fin de facilitar un acuerdo tributario con dicha empresa, a cargo del proyecto binacional de Pascua-Lama. La fotografía que muestra a la presidenta en Canadá, junto a P.Munk, custodiada por tres banderas –la de Canadá, la de Argentina y la de la Barrick Gold- es todo un símbolo de la alianza estratégica entre gobierno nacional y megaminería, y sin duda quedará grabada en la memoria de los argentinos.

Las alusiones en el discurso presidencial a los sectores “ambientalistas”, supuestamente despreocupados por la suerte de nuestras islas Malvinas y la reciente exhortación a la “responsabilidad y seriedad sobre los planteos que se realizan”, no hacen más que poner en evidencia el manifiesto desprecio hacia las poblaciones movilizadas y el empeño por desplazar el eje de la discusión, ante el impacto nacionalizador que ha tenido la pueblada de Famatina respecto de la cuestión minera y el creciente apoyo de la sociedad hacia estas protestas. También evidencian un desprecio por la conservación del patrimonio y el futuro del país. Mientras en Catamarca se teme por la aplicación de la nueva ley antiterrorista sobre 18 asambleístas; mientras continúan las protestas y movilizaciones en diferentes ciudades de Río Negro; mientras el gobernador riojano se apresta a verter ingentes recursos económicos para torcer la voluntad de la población de su provincia; el gobierno nacional continúa acompañando con hechos la expansión de la megaminería. Desde el nombramiento del empresario minero Jorge Mayoral bajo el gobierno de Duhalde, quien continúa al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, hasta el reciente nombramiento de un ex familiar de la presidente - Armando “Bombón” Mercado- como director del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), nada parece haber horadado la continuidad en las orientaciones gubernamentales en este tema.

Así, no se trata solamente de una discusión exclusivamente económica o ambiental, sino también de una discusión política. La megaminería es uno de los eslabones más contundentes –aunque no el único- que ilustra la continuidad y profundización por parte de este gobierno respecto de las políticas de explotación neocolonial y expropiación de los bienes naturales aplicadas en los ´90. El “relato” oficial, que procura presentarlas como parte de un modelo de crecimiento y generación de empleo, es una pieza clave para la construcción de un consenso social favorable que garantice su aplicación. La retórica épica sobre las bondades de la política megaminera se complementa con el ocultamiento y negación de sus efectos devastadores. Y cuando las poblaciones involucradas, lejos de contribuir al “consenso megaminero” buscado por el gobierno, desenmascaran la falacia cuestionando legítima y abiertamente la megaminería a cielo abierto, movilizándose para rechazarla y concitando - como en el caso de Famatina – solidaridades en todo el país, el gobierno echa mano a un nuevo recurso discursivo: la “desmentida”. Según este recurso, que pretende borrar de la memoria colectiva la imagen y el valor simbólico de aquel encuentro presidencial en Toronto con el CEO de la Barrick Gold, la megaminería a cielo abierto no formaría parte del proyecto político del gobierno nacional sino que correspondería a decisiones y acuerdos estrictamente provinciales - en este caso del gobernador Beder Herrera.

Todo esto pone en evidencia un deterioro de las instituciones. Por ello, vemos con mucha preocupación que el mismo gobierno que ha destruido el sistema nacional de estadísticas (lo que dificulta toda reflexión colectiva sobre pobreza, desigualdad, desempleo o inflación, y afecta seriamente las negociaciones salariales), que extorsiona a los jueces que lo desafían, que se ha ocupado de desoír o desarmar la estructura de controles institucionales sobre el poder, que ha reforzado el proceso de concentración del poder en el ejecutivo, hoy amenaza solapadamente con una reforma constitucional promovida por las peores razones de corto plazo.

Con la convicción de que los pueblos tienen el derecho de elegir el modelo de desarrollo que más convenga y beneficie a sus poblaciones, en función de un ideal de igualdad y de equilibrio con la naturaleza y en solidaridad con las movilizaciones vecinales de tantas pequeñas y medianas localidades de nuestro país, que se han levantado activamente contra este modelo neocolonial, en defensa de nuestras cuencas hídricas y de nuestros territorios, Plataforma 2012 plantea la necesidad de debatir e impulsar las siguientes propuestas:

1. Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y sus modificatorias, que promueven y habilitan la destrucción de los bienes comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas.

2. Aplicación efectiva de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares en todo el país.

3. Recomposición ambiental de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros que actualmente existen en el país.

4. Cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse contra la megaminería

5. Urgente derogación de la nueva ley antiterrorista.

6. Urgente sanción de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro, que prohibían este tipo de megaemprendimientos mineros.

7. Activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a la democratización de las decisiones.

8. Propuesta de Declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera.

9. Propuesta y debate de una Ley Nacional de Prohibición de la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el país.

10. Propuesta de realización de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas públicas que apunten a una salida del extractivismo neocolonial, en pos de un equilibrado e igualitario desarrollo de los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida; en pos de la gestión pública y participativa de nuestros bienes comunes.

Firmas:

Alabarces Pablo, Antonelli Mirta, Bidonde Héctor, Burucúa José Emilio, Correas Nora, Dowek Diana, Edelman Lucila, Galán Mónica, Galvano Mario, Gargarella Roberto, Genta Adriana, Kordon Diana, Lagos Darío, Lagos Mariana, Lanzillotto Alba, Levinas Gabriel, Lindenboim Javier, Lo Vuolo Rubén, Massuh Gabriela, Nené Bettanin, Onaindia José Miguel, Ramos Hugo, Sáez Luis, Scandizzo Mónica, Svampa Maristella, Tauber Sanz Nicolas, Tcherkaski Osvaldo, Viale Enrique, Zangaro Patricia

Adhesiones a este pronunciamiento:

Enviar mail a: plataforma.2012@yahoo.com.ar - Escribiendo en el asunto: "adhiero a pronunciamiento megaminería"

Nuevas Firmas:

Acerbo Osvaldo Joaquin, Aguiar Henoch,Albisu Gonzalo, Alcalde Mariela, Alegre Pablo, Aleman katja, Alfonso Silvia,Altamira Cesar, Antonelli Mirta, Arach Omar, Baglietto Mireya, BarbeitoAlberto C., Baroni Olga, Becerra Alejandro, Beltrán María del Carmen,Boixadós M. Cristina, Borgetto Andrés, Borini Mario, Bottaro Lorena,Bournasell José Luis, Cabo Pablo, Camacho Lidia, Carabelli María Emilia,Carrizo Jorge Hugo, Castelli Guillermo, Castells María del C., CastrillejoTeresita, Ccarles Alberto, Cecchini Ana María, Celico Antonio,Chiocconi Lia, Claverie Julieta, Córdoba Jorge Eduardo, CostaNorberto, Cupertino Luis, Cura Federico A., D´Aversa Alida Silvana,D´Aversa Lionel Osvaldo, Da Silva Carlos Alberto, Darquier Manuel, DayeEster, Del Peral Juan Carlos, Diaz Walter, Dimitriu Cristian, Durán DiegoMartín, Echazú Ribero María Isabel, Elissagaray Alejandro, ElizaldeLaura, Encina David, Engel-Di Mauro Salvatore, Erramuspe Juana Beatriz, EstelaGurevich, Esteve Lidia, Etchepare María Belén, Fentanes Juan, FernándezCristian Hernán, Fernández Norma, Figueroa Carlos, Filiberto Cecilia, ForSilvana, Forment Carlos , Frade Mónica , Gak Stempel Myriam , Garcia Eduardo,García Stella Maris, Garcia Raquel I., Garione David, Gaynor Patricio,Geirola Gabriela M., Giordanino M., Giovannini Fabiana , Giqueaux Viviana,Goldberg Enrique, González Silvia, González Eliana, Goyeneche Ricardo, Guanciarossa Carlos,Gurevich Beatriz, Haimovich Alejandro, Hayden Juan Ignacio , Horacio, InchauspeLeandro, Isod Laura, Jara Suazo Laura, Javkin Beatriz , Jesús María Amenábar,Juncos Jorge, Klink Leandro Esteban, Kufalescis María Laura, Kujman Pablo,Latt Gustavo, Laurente María José, Lello Iván, Levinton Diana , LinenbergDaniel, Lissidini Alicia, Lombana Luis Maria, López Julián, López MaríaCristina, Mainetti Emanuel Gatto, Mansilla Marina, Manuli Jorge, Márquez ManuelE., Marquez Ruarte Luis David, Maurin Agustin, Meguira Horacio David,Micaela Alterio, Micucci Carlos Néstor, Micucci Horacio Alejandro,MirandaJuan Domingo, Moguilevsky Silvia, Montoya Miguel Angel, Muhlrad Marta,Nabel Valentín, Novero Miguel, Nuguer Laura, Oyola Gonzalo, Paladino Nora,Palomino Selva, Panzetta Cecilia, Papalini Vanina, Parga Jimena, ParlattoFranco, Perez S. Daniel, Petroni Carlos, Phillips Tony, Plana Marcelo A., Ponce Elsa, Poncetta Julian, Quaino Patricia, Revuelta Claudio, ReyesFrancisco , Rios Navarro Cecilia, Riveros Ana, Rodriguez Daniel, Ruiz MaríaAmalia, Rusconi Ana, Rush Alan A., Russo Viviana, Salvador Claudio,Salvador Claudio, Sanchez Leandro, Schweitzer Alejandro, Seguí Diego,Seró Liliana, Sigstad Elizabeth, Sommerfelt Kitty, Soria Federico,Szewach Paula, Tagliaferri Ruben Oscar, Tell Nives, Teran Marcelo, TorresSilvia, Trachitte María Teresa, Vainstein Angel, Verdun Ricardo Carlos, VicenteAndres, Vico Franco, Weisbrot Dennis, Wunder Andrés , Zaffrani Dino, ZapataHoracio,

PLATAFORMA PARA LA RECUPERACION DEL PENSAMIENTO CRITICO - Documento Original y Adhesiones

2012-02-05T12:31:00.000-03:00

Escapar al efecto impositivo de un discurso hegemónico no es una tarea fácil. Pero es necesario y posible generar una voz colectiva que enuncie este problema y lo transforme en acto de demanda. Si algo nos define como intelectuales es pensar sobre el mundo y la sociedad en la que vivimos, poner en cuestión los problemas que nos plantea, promover el debate de ideas, intentar leer más allá de la letra manifiesta y visibilizar lo oculto, tratar de salir de la mera apariencia de los efectos para bucear en las causas que los determinan. En síntesis, sostener nuestra capacidad y conciencia crítica y manifestarla, romper el silencio, como paso imprescindible hacia un accionar colectivo y transformador.

No encontramos este ánimo en algunos trabajadores del campo de la cultura, a quienes hemos respetado y queremos seguir respetando, pero que al colocarse como voceros del gobierno han producido una metamorfosis en relación con su historia y su postura crítica.

Nos encontramos ante verdaderos escándalos de diferente naturaleza y calidad, que tienen como denominador común la impunidad en relación con las responsabilidades de quienes nos gobiernan. Y de manera paralela, asistimos a la construcción de un relato oficial, que por vía de la negación, ocultamiento o manipulación de los hechos, pretende investir de gesta épica el actual estado de cosas.

Javier Chocobar, Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Mariano Ferreyra, Roberto López, Mario López, Mártires López, Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña, Emilio Canavari, Ariel Farfán, Felix Reyes, Juan Velázquez, Alejandro Farfán, Cristian Ferreira. Vemos crecer la lista de los asesinados. Muertes que en su repetición no dejan de asombrarnos. Muertes que van cubriendo toda nuestra geografía. Muertes que, lejos de ser inocentes, marcan un encarnizamiento represivo que no puede ser negado ni atribuido a lejanas decisiones para desresponsabilizar al gobierno central. Ahora descubrimos que desde 1994 somos un país federal, y que por lo tanto las muertes dependen de las policías provinciales, o de los caciques locales. Curiosa apelación al federalismo, cuando es el gobierno nacional el que ejerce el centralismo unitario y decide de hecho los presupuestos provinciales, el que resuelve candidaturas, impone ministros y se abraza con los gobernadores casi al mismo tiempo de ocurridos los hechos.

Muchas de las últimas muertes están vinculadas a la carencia de tierra, y detrás de cada nombre hay una historia de vida que se remonta a la histórica lucha de los pueblos originarios contra el despojo del que han sido objeto. El proceso de concentración de la propiedad de la tierra y la soja-dependencia de los últimos ocho años son un correlato en el presente de aquel despojo, que el discurso oficial oculta.

El “relato” hegemónico pretende imponerse sobre la materialidad y el valor simbólico de estas muertes. Efectivamente, en torno a estos y muchos otros hechos se elabora un discurso oficial que construye consensos, porque aparenta dar cuenta de una serie de necesidades sociales y reivindicaciones nacionales mientras se afianza la persistencia de lo mismo que aparenta cuestionar. Este relato disciplinador y engañoso utiliza la potencia de los recursos comunicacionales de que dispone crecientemente el gobierno para ejercer control social mediante la inducción de mecanismos alienatorios sobre las formas colectivas de la subjetividad.

Quieren aparecer como actores de una gesta contra las “corporaciones”, mientras grandes corporaciones como la Barrick Gold, Cerro Vanguardia, General Motors, las cerealeras, los bancos o las petroleras – y el propio grupo Clarín, hoy señalado como la gran corporación enemiga – han recibido enormes privilegios de este gobierno.

Quieren también aparecer como protagonistas de una histórica transformación social, mientras la brecha de la desigualdad se profundiza. Y cuando la realidad se impone sobre el “relato”, los voceros oficiales y oficiosos del gobierno sostienen que se trata de “lo que falta”. Según los intelectuales reunidos en Carta Abierta, “lo que falta” sería – más allá de las “asignaturas pendientes” que estarían dispuestos a admitir – una cuestión de “imaginación política”. Y lo que es evidencia y síntoma de lo que no sólo no se transforma sino que se profundiza sería – como en el fenómeno de las placas tectónicas - algo así como restos traumáticos del pasado en el interior de un proceso transformador, que reaparecen una y otra vez.

El contenido de la producción ideológica oficial se inscribe en una metodología. La discusión de ideas es sustituida por la descalificación del interlocutor y toda disidencia es estigmatizada. Trivialización del debate, bravata “intelectual”, sacralización de sus referentes con independencia de las acciones que producen, son sólo algunas de las modalidades en las que se expresa el intento de imponer un discurso único. Cuando desde los medios públicos se utiliza la denigración de toda voz crítica por medio de recortes de frases, repeticiones, burlas y prontuarización como procedimiento intimidatorio y se invalida a esas mismas voces cuando se expresan en otros medios, se produce una encerrona que por una u otra vía sólo promueve el silencio.

Hoy la homogeneidad discursiva empieza a estar atravesada por algunas filtraciones que la erosionan: el relato épico ha iniciado un proceso de cierto desenmascaramiento. La asociación entre derecho de huelga y extorsión o chantaje, o la justificación de la sanción de la ley antiterrorista, serían expresiones paradigmáticas de este fenómeno.

A pesar del afán disciplinador del discurso hegemónico, es nuestra responsabilidad como intelectuales y trabajadores de la cultura romper el silencio que pretende amordazar el pensamiento crítico y promover un debate transformador de los grandes problemas que plantea el presente. Es necesario. Y es posible.

Pablo Albarello, Mirta Antonelli, Héctor Bidonde, José Emilio Burucúa, Jorge Brega, Manuel Callau, Ana Candiotti, Nora Correas, Diana Dowek, Lucila Edelman, Sandra Franzen, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Liliana Helman, Eduardo Iglesias Brickles, Diana Kordon, Darío Lagos, Alba Lanzillotto, Gabriel Levinas, Matilde Marin, Lucrecia Martel, Gabriela Massuh, Francisco Menéndez, Luis Felipe Noe, José Miguel Onaindia, Jorge Pellegrini, Derly Prada, Mabel Ruggiero, Alfredo Saavedra, Luis Sáez, Horacio Safons, Beatriz Sarlo, Alberto Sava, Herman Schiller, Aurora Juana Schreiber, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Yaco Tieffenberg, Enrique Viale, Dennis Weisbrot, Patricia Zangaro, Daniel Zelaya.

Para adherir, escribir a: plataforma.2012@yahoo.com.ar

Nuevas Firmas:

Alabarces Pablo, Albanece Raúl, Alegre Pablo, Alonso Graciela B.,Altamira César, Alvarez Gerardo, Alvarez Guadalupe, Armesto Diego Hernán,Avalos Julieta, Bagnati Marcelo C., Baigorria León Miguel, Balbo Nano, Baldiviezo Jonatan Emanuel, Barabaschi Maria Rosa,Barbagelata Antonio, Barcia Alfredo, Baroni Olga, Bauer Santiago, BazzanoAdriana, Bernal Martín, Bernard Cristian, Bernis Enrique, Berutti Martha,Besada Mónica, Bibiloni Aníbal Guillermo, Bordón Mario Raúl,Borgetto Andrés, BuchovskyJosé, Budiño Emilia, Busto Marolt Ana,Cabo Pablo, Cabo Rubén Esteban, Cabrera Omar Armando, Cagnolo Luis Maria,Campos Carlés Alberto, CantariniVictor Ricardo, Cantore Ricardo Domingo, CarabelliMaría Emilia, Carrió Agostina, Carrizo Cecilia, Carrizo Jorge Hugo, Casadei Adrián Jorge, CasalMaría, Casalongue Martín, Castagnari Aldo, Castiglioni Marta María, CecchiniAna María, Célico Antonio, CerutiCarlos N., Chacra Antonio Miguel, Cimadevilla Gustavo, Civale Cristina,Coraglia Santiago, Córdoba Jorge Eduardo, Cordoba Juan Antonio, Cortez MarcelaElena, Cortez Sonia, Costa Andrea, Culela Maria Victoria, Daly Stella Maris, DeCristófaro Mario, Del Peral Juan Carlos, Delgado Mabel, Delgado María Amelia,Demarco Eduardo, Di Menna Guillermo, Di Risio Julio, Diamint Rut, Díaz CiarloGustavo, Díaz Rinaldi Alicia, Dinova Maria Amelia, Dome Carolina, Domínguez Mariana, DosztalIrene, Dowbley Horacio, Draguicevich Graciela, Drivet Matías, Durán DiegoMartín, Echagüe Carlos, Echazú Ribero María Isabel, Elizalde Laura, EncinaDavid, Esswein Federico, Esteban Liliana, Etchart Javier, Falicoff BertaCecilia, Farah Elena, Faya Adolfo E., Faya Robles Alfonsina, FeichubuinmAlejandro, Feld Máximo, Fernández Cristian Hernán, Fernández Eduardo, FernándezFlores Norma, Fernández Raquel Dolo, Fernández Susana Beatriz, Ferreira RicardoJorge, Fidalgo Marcelo A., Figueroa Carlos Miguel, Filiberto Cecilia,Fittipaldi Gladis, Folgar Julian,Follari Marcelo, Forment Carlos, Fossa Gabriel, Fucile Ernesto, GalánMónica, Galvano Mario, Gandino Paula, García Gayo Juan, Garcia Ortuzar Raquel,García Santiago Joaquín, García Stella Maris, Gargiulo Eduardo, Garione DavidAdrián, Gasel Alejandro, Gasulla Javier, GattoMainetti Emanuel, Geirola Gabriela M., Geller Jorge, Giacomino Nora M.,Goldberg Alberto, Goldberg Enrique, Gomes Diez Candela, Gómez Alba Rut, GómezJorge, Gómez Raúl Ángel, Gomiz Micaela, González Analía,González Bernaldo de Quirós Ezequiel, González Eliana, González Juan Jose,González Varela Nicolás, Gorostiaga Jorge M, Graham-Yooll Andrew, Haber Alberto,Haimovich Hugo Alejandro, Halperin Leandro, Heilbron Eduardo, Henderson Carlos,Henze Glenda, Hermida Osvaldo Luis, Hernandez Araguna Germán,Herrera Fernando, Hidalgo Matías, Hilbert Alfredo L., Iglesias RobertoTato, Jaurena Jorge Antonio, Javkin Beatriz, Jiménez Peredo Brián Antonio, KiektikMario Lucas, Klink Leandro Esteban, Kreimer Carlos, Kreimer Pablo, KuglerMaría Dulce, Kuperman Silvina, Laboranti María Inés, Lado Silvana Inés, LangeChristian, Laporte Ruben, Lapuente Elena, Larrosa Serrano Melchor Rubén,Laskowski Cecilia, Latt Gustavo, Laurente María José, Lecarotz María Rosa,Leciñana Blanchard Mayra, Lello Iván, Leonardi Teresa Alicia, LindenboimJavier, Linne Bruno, Lissidini Alicia, Lo Vuolo Ruben, Logares BilletSergio Daniel, Lombardi Carlos, Lopetegui Andrea, López Carlos, López Julián,López María Cristina, Lorenz Graciela, Lorenzo Gustavo, Luchetti María Inés,Lucioni Isabel, Maciel Marta, MadedoFernando, Maffía Diana, Maidana Jorge Armando, Maldonado Ana, Manso Diego,Mansur Rubén Horacio, Manzatto Marcelo, Marcos Juan, Marcos Miguel,Márquez Manuel Eugenio, Martín Viktoria, Martínez, Mateu Cristina, Mauri MaríaCarolina, Maurin Agustin, Mayo Susana, Maza Zulema, Meguira Horacio David,Mendes Alberto, Mendes Hector, Mendoza Maximiliano, Menéndez Herman Renata, MercurialiClaudia, Merino Susana, Metz Jorge, Micucci Horacio Alejandro, Miguel RobertoEsteban, Miguens Alesia, Milstein Diana, Molina María Elena, MontesanoFrancisco, Monti Amilcar, Montoya MiguelÁngel, Moragas Damián, Morandini Norma, Morgenfeld Mauro, Mosquera Carlos F.,Moyano Gonzalo, Moyano Nora, Mugnolo Juan Pablo, Muhlrad Marta, NadraFernando J., Nápoli Juan Tobías, Natta Pablo, Nazarro Armando, NazarroTeresa, Neuhaus Susana, Nieto Oscar, Nosal Jose B, Novero Miguel, Nuguer Laura,Núñez Pedro, Nutkiewicz Edward, Ocampo Marcos, Orozco Javier, Otondo Jose,Oyola Gonzalo, Paladino Jorge, Palomar Silvia, Panzetta Cecilia,Paolinelli Liliana, Papalini Vanina, Parlatto Franco, Parral Luis, PaviglianitiNoemi, Pedro Lacour, Pelizzoni Jose Luis, Peña Patricia, PenelasCarlos, Petri Mónica, PetroniCarlos, Petroni Carlos, Pfeiffer María Rosa, Pinus Alberto Jorge, PirsicMarijan, Pizarro Adriana Georgina, Ponce Hugo, Poncetta Julián, Ponte Carlos,Porta Guardia Carlos, Posada Omar, Potenza Mariana, Pozzi Federico, PozzoRoberto, Presti Luis Francisco, PruyasTomás Ruben, Pussetto Mariano, Quesada Allué Luis A., Quintero Sergio E., Quinteros Eduardo, Rabioglio LidiaIrene, Rajmanovich Jacqueline, Ramos Hugo, Rezano Ivanna, Rico Esteban,Rodríguez Berrutti Camilo, Rodriguez Daniel, Rodriguez Gloria, Rodríguez IvanaMerlo, Rodriguez Pablo Gustavo, Rojas Diego, Rojas Juan Facundo, Rojas SilveyraJuan Ramón, Román Alejandro, Romero Beatriz, Romero Mariana, Rossi Celinaalicia, RotundoMaría Teresa, Rovner Eduardo, Rudnik Isaac, Ruiz AnaBerta, Rusconi Ana, Sabatini Néstor, Sacchi Rubén, Saccone Reynaldo,Saguin Liliana, Sakalik Nelida, SalgadoGuri, Salomon Sorokin Minujin Zuly, Salvatore Sergio, Salvia Agustín, SánchezAlicia Ester, Sanchez Leandro, Sánchez Norma, Sanfilippo Renzo, Sapia JuanArturo, Saravia Carlos Adolfo, Sarmiento Teresa, Sayago Sebastián, ScandizzoMónica, Scavino Lucas Matías, Scherlis Gerardo, Schneider Celia, SchweitzerAlejandro, Segoviano Mirta, Silva Maria del Carmen, Silvente Juan Manuel, SimizClaudio, Simon Marina, Spiguel Daniel, Stella Mabel B., Suarez Teresa,Tagliaferri Ruben, Tedesco Adriana, Terensi Edith, Tiramonti Guillermina,Tiscornia Luis Manuel, Toledo Nora Elena, Torrado Sergio, Torreiro Carlos,Urruti Marisa, Valentín Nabel, Valtriani Ana, Vecchia María Teresa, Vera Alba,Vezzetti Hugo, Vicente Andrés, Vico Franco, Victoria Carlos, Vidal MarioFederico, Villegas Oromí Alfredo María, Vior Susana, Vitale Horacio,Vlek Arian,Vujacich Patricia, Waisberg Daniel, Wulff Poly, Yabkowski Jorge, ZanoniJuan, Zapata Horacio, Zwenger Maximiliano,

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NOTA: Para debatir los grandes temas nacionales - Escriben: Maristella Svampa y Patricia Zangaro

2012-02-01T19:09:00.000-03:00

Plataforma es un espacio colectivoen formación, que nuclea a intelectuales y trabajadores de la culturaprovenientes de diversos ámbitos, preocupados por los derechos humanos, de ayery de hoy, así como de las diferentes formas de desigualdad que atraviesan la sociedad argentinaactual. Surgió de la convicción de que resulta imperioso crear una voz independiente de los diferentes poderes (políticos, económicos,mediáticos), sin caer enel peligroso juego de los reduccionismos y las polarizaciones descalificadoras quepromueven encapsular el debate en unadisputaentre posiciones pro-K y anti-K.

En esta línea, Plataforma 2012aspira a la construcción de un colectivo pluralista y democrático, aun si porel momento señala sólo un punto de confluencia en torno a ciertosposicionamientos, temas y necesidades que han sido expresados en el documentoinicial, dado a conocer a comienzos del nuevo año. Entre otros, destacamos trestópicos, que deben ser subrayados: desigualdades,vínculos entre gobierno y grandes corporaciones y violación de derechos básicoshoy.

En este sentido, lejos de plantearun “debate entre intelectuales” como cierta lógica mediática ha queridoinstalar, Plataforma 2012 se plantea como un colectivo que se propone debatir abierta y públicamente los grandes temas nacionales que nofiguran en la agenda política y que comprometen el presente y el futuro denuestro país.

Respecto de lo primero, pensamosque una mirada rigurosa sobre la cuestión de las “desigualdades”, así, enplural, debe abarcar las diferentes dimensiones y registros que ésta posee,pues no es algo que se mida solamente en términos de ingreso. Así, existenvarios indicadores, que lejos de presentar un perfil promisorio, nos señalan unreforzamiento de las inequidades, seaque nos refiramos a la educación, al acceso a la salud, a las distancias entrelas provincias pobres y ricas y, de manera cada vez más dramática, a lasangustiosas brechas territoriales y urbanas, relativas al acceso a la tierra yla vivienda.

Asimismo, sostenemos que esnecesario desactivar el discurso mistificador y acomodaticio que sostiene elgobierno nacional respecto de las grandes corporaciones , a la luz de los apoyos y alianzas quehoy se perciben entre éste y un amplio arco de grandes empresas, expandidas alo largo de toda nuestra geografía, que incluyen desde los grandes productoresde granos, notorias empresas industriales, hasta los actores trasnacionales dela minería.

Por último, estamos muypreocupados por la apertura de un nuevo ciclo de violación dederechos humanos , que hoyaparece minimizado desde el discurso oficial. Lejos de creer que muchas de lasmuertes ocurridas por represión en el último año y medio sean casuales uocasionales,éstas tienen que ver con laestructura de alianzas política que promueve el Gobierno (con los gobernadores y los grandesactores económicos), así como con la implementación de modelos de maldesarrollo, altamente excluyentes.

Ejemplo de esto último es el PEA(Programa Estratégico Agroalimentario), que plantea como objetivo para el año2020 producir 157 millones de toneladas de granos, para erigir a Argentina enlíder mundial en el sector, a sabiendas de que ese proceso que incrementaría enun 60% la producción ya existente generará más acaparamiento de tierras, másdesmontes, más expulsión de poblaciones campesino-indígenas y máscriminalización y represión de la protesta. Otro, el avance de la minería a gran escala : el escenario de pueblada que hoy sevive en Famatina, en La Rioja, las manifestaciones en Río Negro en contra de lareciente derogación de la ley que prohibía la minería con cianuro, o lasdeclaraciones difundidas en los medios del secretario nacional de Minería,avalando proyectos que se llevarían a cabo en Chubut (provincia donde este tipode minería está prohibida), no nos hablan solamente de responsabilidadesprovinciales, sino que aluden también a dinámicas económicas promovidas por unabatería de políticas y leyes nacionales.

Esto no implica desconocer las medidas positivas implementadas por el Gobierno , como pretenden endilgarnosequivocada o maliciosamente algunos, a fin de minimizar nuestras críticas, yque incluyen aspectos importantes de la política de derechos humanos enrelación al pasado dictatorial, la perspectiva latinoamericana, la expansión dela jubilación, la ley de medios, la asignación por hijo, el matrimonioigualitario o el restablecimiento de las convenciones colectivas. Sin embargo,no podemos diluir o autolimitar la crítica en nombre de “las transformacionesrealizadas”, más allá de la valoración que cada uno haga de ellas. Tampocopodemos hablar de “asignaturas pendientes” o de meros “costados débiles” delmodelo, que a futuro serían resueltos favorablemente, pues las críticasenunciadas en el documento aluden a cuestiones medulares, que van (re)configurando los nuevos marcos de exclusión de la Argentina contemporánea, e interpelan por esa misma razón loque los argentinos entendemos por democracia.

Por último, la repercusiónpositiva que obtuvo el primer documento de Plataforma 2012 refuerza la idea deavanzar en esta apuesta colectiva.

Son numerosas las personas quedesde distintos puntos del país, desde diferentes ámbitos de la cultura, delpensamiento, del trabajo social y ambiental, de pueblos originarios, nos hanhecho llegar su saludo entusiasta y apoyo activo, subrayando a través de ellolaexistencia de un pensamiento populary crítico , por fuera ymás allá de la hegemonía cultural del oficialismo.

Nota publicada en Diario Clarín el 26_1_2012

NOTA: Un debate necesario - Escriben: Diana Kordon, Lucila Edelman y Patricia Zangaro

2012-02-01T18:52:00.000-03:00

La irrupción dePlataforma en el debate social y cultural, los cientos de nuevas adhesiones enpocos días, muestran que su aparición responde a una necesidad social. La heterogeneidadde sus firmantes, con las obvias dificultades que puede generar, implica,simultáneamente una enorme riqueza y un desafío. La construcción de un“nosotros” conllevará necesariamente trabajo y polémica de ideas.

Anteel efecto impositivo del discurso oficial, una enunciación colectiva genera unespacio apuntalador de la subjetividad. Nos sustrae del efecto opresivo de sercolocados antinómicamente como funcionales a la “derecha reaccionaria” cuandoqueremos expresar nuestras profundas diferencias con la política del gobierno.

Elrelato parte de una premisa sobre la que no acepta discusión: estamosante la realización de una profunda transformación social. Definido así estenuevo país que se está gestando, los actores sociales pasan a ser ubicadossegún se posicionen “a favor” o “en contra” del gobierno “nacional y popular”. Laépica de las grandes transformaciones que se estarían produciendo en laArgentina cae con peso acusatorio sobre las voces disidentes. Nos referimos eneste caso a la disidencia de quienes, no teniendo ninguna identificación conlos poderes dominantes, sólo reconocen compromiso con las necesidadesmateriales, sociales y culturales de nuestro pueblo.

Pornuestra parte consideramos que una transformación social es producto dedeterminados hechos instituyentes que conmueves y modifican el orden de loinstituido.

Grandescorporaciones mineras, petroleras, cerealeras, telefónicas, así como el sectorfinanciero, han recibido y reciben privilegios de este gobierno. El oro, cuyo métodode extracción contamina los glaciares de la cordillera, paga sólo un 3% dederecho de exportación. La propia ley de glaciares, primero vetada, luegoresancionada, sigue sin reglamentarse. La prórroga de los contratos con grandespetroleras nos ata las manos pordécadas. Se aplica el impuesto a las ganancias a losasalariados, verdadero impuesto al trabajo, mientras no es gravada larenta financiera. Esto no es “lo que falta”: son sólo algunos ejemplos de unapolítica coherente.

Separte de la premisa de que este gobierno no criminaliza la protesta social. Nospreguntamos: ¿tenemos un déficit en nuestra percepción o la realidad contradice dicha afirmación?; ¿qué nos puedendecir de esto dirigentes obreros y sociales a quienes no les alcanza el tiempopara correr de juzgado en juzgado por la cantidad de causas penales que tienenabiertas?; ¿cómo fundamentan los diputadosoficialistas su negativa a votar los diferentes proyectos presentados paradejar sin efecto la judicialización de las protestas que se viene desarrollandodesde la época del menemismo?; ¿qué lecturamerece la utilización de patotas en lo que se ha dado en llamar tercerizaciónde la represión o la acción directa de la policía y las fuerzas de seguridad enocasión de situaciones de conflicto social?; ¿quésignificado tiene el silencio de la presidente quien al realizar una teleconferenciacon el gobernador Insfran inmediatamente después de la violenta represión enFormosa en la que fueron asesinados dos miembros de pueblos originarios no hizo ninguna mención de este hecho?

Loque marca un punto de inflexión insoslayable es el incremento sustantivo deasesinados en ocasión de reclamos colectivos en defensa de derechos básicos. Sunúmero concentrado en el último período señala una direccionalidad alarmante.

Adjudicarestos hechos a políticas regionales o criticarlos sin un análisis de lascondiciones que los posibilitan y teniendo siempre especial cuidado en eludirla responsabilidad y en no afectar el buen nombre del ejecutivo nacional, en nada ayuda a sacudir el peso dela impunidad.

Laley antiterrorista, sancionada vertiginosamente y votada por diputados y senadores a libro cerrado, en unaactitud para muchos de elloscontradictoria con su propia historia, constituye un verdadero analizadorsocial y no como una anomalía. Además de su obvia aplicación contra la protestasocial, seguramente podrían ser considerados “terroristas”, por ejemplo,ahorristas que reclamen la devolución de sus depósitos o periodistas queinformen sobre índices de inflación. ¿Nobasta la experiencia de la aplicación de estas leyes en otras partes del mundo? Los mapuches chilenos sonjuzgados por leyes equivalentes.

Estosy otros temas que caracterizan el actual período, abierto en el 2001, sí eranuna asignatura pendiente en un debate cultural, que hoy empieza a desplegarseactivamente en la escena pública. Lo celebramos.

Nota publicada en Diario La Nación el 21_1_2012

NOTA Sobre Plataforma 2012 - Escriben: Maristella Svampa y Roberto Gargarella

2012-01-02T05:00:00.000-03:00

En la línea del primer documento de Plataforma, publicamos en este blog el articulo escrito por M.Svampa y R.Gargarella, el cual amplía e ilustra varias cuestiones dichas en el mismo.

Sobre Plataforma 2012

Maristella Svampa y Roberto Gargarella

Nunca ha resultado fácil en la Argentina construir, como intelectuales y trabajadores de la cultura, una voz crítica independiente de los diferentes poderes (políticos y económicos), sin caer en el peligroso juego de los reduccionismos y las manipulaciones, sobre todo, políticas y mediáticas. Pero esta situación ha empeorado desde 2008, cuando se actualizaron –tanto desde el gobierno como desde la oposición- los esquemas binarios y las políticas de consignas, que lejos de enriquecer el debate político, público e intelectual, no han hecho más que simplificar y reducir sus márgenes a una cuestión de adscripción pro-K o antiK.

Desde entonces, no somos pocos los intelectuales que venimos sosteniendo una posición coherente, de crítica y propuesta, buscando instalar desde diferentes ámbitos, una voz colectiva, por fuera de estos marcos empobrecedores. Con este objetivo, hemos difundido el primer documento de Plataforma 2012. Dicho pronunciamiento, si bien cuenta con un núcleo inicial o promotor, no refleja un grupo consolidado, sino un “nosotros” precario, en construcción, que apuesta a la horizontalidad y al debate de las cuestiones hoy consideradas cruciales en nuestro país. En este sentido, Plataforma 2012 apunta a la construcción de un espacio colectivo democrático, aunque por el momento señala solo un punto de convergencia, en el cual han confluido intelectuales y trabajadores de la cultura, que se han sentido identificados con los posicionamientos, los temas, y necesidades que expresa el documento.

En cuanto a los posicionamientos, los firmantes del mismo presentan claras coincidencias: todos hemos sido críticos de la última dictadura militar; críticos del menemismo y de sus políticas neoliberales, defensores de políticas activas por la igualdad; de un Estado igualmente activo para este fin; todos somos defensores de los derechos humanos y muchos de nosotros nos hallamos muy preocupados por el nuevo ciclo de violaciones de derechos humanos que se ha abierto en la última década.

No pocos de nosotros pertenecemos a colectivos que actúan desde diferentes ámbitos –por ejemplo, desde el psicoanálisis, los hay quienes acompañan terapéuticamente a víctimas de la represión de ayer y de hoy; desde las ciencias sociales, quienes acompañan diferentes luchas sociales y ambientales; desde el ámbito social y cultural, quienes trabajan con sectores muy vulnerables – como los chicos en situación de calle-. La lista está lejos de ser exhaustiva pues debería incluir aquellos artistas, cineastas, investigadores, escritores y demás trabajadores de la cultura, que han suscripto este documento y que desde su propio -ámbito interpelan críticamente la actual realidad argentina.

Los temas comunes que nuclean ese punto de convergencia son cuatro. La necesidad de construir un espacio de pensamiento crítico, por fuera de los esquemas maniqueos y los discursos falaces y disciplinarios; colocar el acento en la profundización de las desigualdades (sociales, territoriales, regionales, generacionales); subrayar, más allá del discurso épico del gobierno, su asociación con las grandes corporaciones, que cubren un amplio arco de las actividades económicas en el país, desde las grandes cerealeras, empresas como la General Motors o la notoria Barrick Gold, en minería. Por último, advertir sobre el agravamiento respecto de la violación de derechos humanos hoy.

En lo personal, consideramos que uno de los problemas fundamentales en el campo intelectual es la fractura que se ha operado en el pensamiento crítico en los últimos años. A diferencia de los `90, cuando el continente aparecía reformateado de manera unidireccional por el modelo neoliberal, el nuevo siglo viene signado menos por los discursos únicos, que por un conjunto de tensiones y contradicciones de difícil procesamiento. El pasaje al “Consenso de los Commodities”, bajo gobiernos progresistas, legitimados electoralmente, instaló nuevas problemáticas y paradojas que tienden a reconfigurar el horizonte del pensamiento crítico, enfrentándonos a desgarramientos teóricos y políticos, que van cristalizándose en un haz de posiciones ideológicas diferentes.

Vaya a saber si nos encontramos ante la antinomia “intelectuales orgánicos” versus “intelectuales críticos”, pero el caso es que muchos de los que hoy apoyan el gobierno, tienen serias dificultades para tomar distancia crítica y cuestionar el carácter nodal de las problemáticas planteadas más arriba. Las críticas, cuando éstas aparecen, siempre son posteriores a un mar de elogios ditirámbicos ofrendados al gobierno. Por otro lado, suelen negar la responsabilidad del gobierno nacional respecto de estos temas, invocando un discurso federal, como si estas políticas fuera potestad excluyente de las provincias o el gobierno nacional no fuera más que una liga de gobernadores. Lejos de ello, hoy asistimos a una fuerte concentración de poder político en manos del ejecutivo, que indica una gran dificultad por avanzar en una construcción política de carácter plural. Esto se ha visto reflejado en las últimas semanas en la tendencia a confundir legitimidad electoral con licencia social, lo cual ha llevado a la aprobación –entre gallos y medianoches- de un paquete de leyes, entre ellos la ley antiterrorista, a espaldas de los reclamos de la sociedad, lo cual aparece como incomprensible e injustificable de parte de un gobierno que se dice progresista y además, “soberano”.

Este contexto explica, desde nuestra perspectiva, el lanzamiento de este documento en esta hora. Pues todo indica que en los próximos años concentración del poder político, agravamiento de las desigualdades y acentuación de la dinámica de desposesión (de tierras y bienes comunes) tenderá a agravarse, lo cual coloca a la Argentina en una situación por demás frágil y peligrosa, consolidando un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos. No olvidemos que que en el último año y medio hubo 14 muertos por hechos de represión, en gran parte ligados a conflictos por la tierra y la vivienda. Muchas de las víctimas de la represión han perecido por cuestionar una política de acaparamiento de tierras, y por ende, directa o indirectamente, por recusar la expansión de modelos productivos avalados y promovidos activamente por políticas nacionales. Existe, como tal, una clara responsabilidad del gobierno nacional, cuyo sistema de mediaciones y entramados de poder aparece por lo general denegado y desdibujado, y que los hechos de represión tienden a iluminar de manera cada vez más dramática.

Esperamos que esta convocatoria prospere, más allá de las dificultades que podamos enfrentar. Ya se ha visto que intentar romper el juego perverso de las antinomias y los esquemas binarios no es fácil ni gratuito. Pero somos conscientes de que es necesario y que a partir de estas coincidencias comunes es posible construir una plataforma colectiva de pensamiento crítico en nuestro país.

Nota publicada en Diario Perfil el 8_1_2012

NOTA: Reflexiones sobre la desigualdad - Escriben Maristella Svampa y Roberto Gargarella

2012-01-01T14:59:00.000-03:00

Reflexiones sobre la desigualdad

Roberto Gargarella y Maristella Svampa

Plataforma reúne a un grupo de académicos,artistas y trabajadores de la cultura, unidos por vínculos profesionales y, enmuchos casos, de afecto, preocupados por las violaciones de derechos humanos deayer, y también de hoy. El grupo aglutina a personas interesadas en la vidapública, que han sido activamente disidentes de la dictadura; críticas de losplanes de ajuste y las políticas neoliberales del menemismo; pero también de lasdiferentes formas de desigualdad y violencias políticas que siguen afectando,hoy, a amplios sectores de la sociedad.

Una mayoría de los miembros del grupo promotor seha caracterizado por comprometerse en sus reclamos y denuncias, buscando ponerel cuerpo a sus reivindicaciones: asistencia terapéutica a víctimas de larepresión de ayer y de hoy, acompañamiento y trabajo con poblacionesoriginarias; labor cultural y social con niños en situación de calle;participación activa en luchas sociales y ambientales. Estos, entre otrostemas, ilustran una postura que apela a la articulación entre el decir y elhacer, enunciar y activar, entretejer socialmente y producir agenda, fisurar elorden de la gubernamentalidad, tanto para la exigibilidad cuanto para la ampliaciónde derechos. Así, muy lejos del aspecto “denuncialista”, que algunos pretendenatribuir al grupo, gran parte de los impulsores de Plataforma viene militando porsus convicciones en distintos espacios, en la calle y en los foros ciudadanos, enmuchas ocasiones para dar audibilidad a voces sociales en clara asimetría.

Aunque el colectivo estáen construcción, podríamos decir que a todos nos reúne una preocupación muyespecial por los diferentes tipos de desigualdad hoy reinantes. El gobierno y quienes lo apoyan sostienen queen ese campo se han hecho avances y que, por ende, resulta temerario o al menosinfundado, afirmar lo contrario. Quisiéramos abordar brevemente el tema, entres ítems diferentes.

En primer lugar, la desigualdad en materia dedistribución de ingresos es difícil de medir, porque no hay acuerdo sobre lascifras básicas y porque se han alterado las bases de datos del Indec(intervención y persecución del personal mediante), además de los índices deprecios. Por lo demás, todo dependerá de a qué período se mire y con cual sehaga la comparación: con el 2001 (plena crisis), o con los inicios de los años`90. Lo cierto es que, sin duda, ha habido una notable mejoría respecto del álgidoperíodo de la crisis (2001-2002), pero en casi todos los indicadores, lasituación es aún peor que a comienzos de los `90. Asimismo, todos coinciden ensostener que ha habido un real mejoramiento económico en los primeros años desalida de la crisis, pero –y frente a la ausencia de datos- para no pocos economistas,existe la presunción de que hoy asistimos a un estancamiento.

Respecto del impacto distributivo queha tenido la asignación universal por hijo –a la que apoyamos, reclamando una coberturauniversal-, las opiniones son muy diversas, pues están aquellos que sostienenque dicha transferencia de ingresos habría producido un descenso de ladesigualdad, pero también otros que señalan que la inflación existente habríaneutralizado tal efecto. Además, hay quienes afirman que no hay estudios decampo que hayan verificado los resultados que se reclaman, más allá de que éstase considere una medida con potencialidad distributiva. Sin embargo, en elcampo de los datos “duros”, el problema mayor reside en la pertinaz opacidaddel Estado que, al no proporcionar datos, imposibilita un debate serio ytransparente sobre una cuestión no menor de nuestra sociedad.

En segundo lugar, nos interesahablar de “desigualdades”, en plural, pues creemos que ésta tiene muchasaristas y no se mide solamente en términos de ingreso. Existen otrosindicadores que deben ser tenidos en cuenta: la esperanza de vida (cuyastendencias negativas no se han revertido, en relación a los sectores bajos), elafianzamiento de las brechas educativas (si tenemos en cuenta, por ejemplo, lasdiferencias en el gasto por alumno de cada provincia); el desigual acceso a lasalud, el reforzamiento de las desigualdades entre las provincias pobres yricas; las desigualdades territoriales y urbanas… ¿Acaso se puede hablar de unpaís más igualitario con el crecimiento exponencial que ha habido de lapoblación en villas de emergencia, entre 2001 y 2011, por citar el ejemplo dela ciudad de Buenos Aires o del Conurbano Bonaerense? ¿Qué hay de los problemasde acceso a la tierra y la vivienda, que han marcado la agenda del conflicto enlos últimos tiempos, desde los hechos represivos de Ledesma hasta el ParqueIndoamericano? ¿Qué hay de las poblaciones indígenas y campesinas que hoyasisten al despojo de sus territorios por el avance de la fronteraagropecuaria, la minería a cielo abierto o los megaemprendimientos turísticos? ¿Acasoestas asimetrías violentísimas no nos revelan que la actual Argentina transitapor una vía de mayor inequidad y violación de derechos básicos?

En tercer lugar, hay que hablar de los diversos arreglosinstitucionales hoy existentes que reafirman otras formas de la desigualdad. Existe,ante todo, una desigualdad política flagrante, en razón de la inéditaconcentración de poderes que hoy se advierte sobre la Presidencia de la Nación.Para quienes abogamos por la democracia política, la presencia de un PoderEjecutivo monacal es obviamente un problema grave, que instala modos de hacerpolítica verticales. Hoy, el poder toma decisiones discrecionalmente; usa alCongreso como mero ratificador de sus acciones (impidiendo cualquier desafío odebate legislativo reales); se molesta frente al que piensa distinto (a quienesve siempre como conspiradores), y por ello socava, en lugar de promover, la vozy la participación del pueblo, salvo cuando se trata de voces y movilizacionesque vengan a aclamar aquello que el poder ya ha decidido de antemano poner en agenda.

La importancia que, desde esta perspectiva,adquiere la cuestión del poder político no implica que no prestemos atención a lapresencia y fuerza de los grandes poderes económicos. Por el contrario, atendiendoa la cuestión creemos que el poder político refuerza el sistema de explotaciónvigente, en alianza con los más poderosos grupos económicos del país –seanestas las grandes empresas mineras, las exportadoras de granos, grandesindustrias o petroleras; las que se siguen enriqueciendo hoy, como pocas veces,gracias a la concentración económica que el poder político mantiene y favorece.

La conclusión es que, endiversas y cruciales aspectos relacionados con la igualdad, la Argentina no presenta entonces un perfil promisorio. Esto no implicadesconocer lo que se ha realizado en estos años, respecto de temas tales comola expansión de la jubilación, la ley de medios, la política de derechos humanosen relación con el pasado dictatorial, el matrimonio igualitario o el regresode un instituto laboral, como las convenciones colectivas (aún si coexiste conla fuerte persistencia de la precariedad laboral). Sin embargo, todo ello nodebería autolimitar la crítica, ni diluirla en un mar de elogios para con elgobierno, en nombre de “las transformaciones realizadas”, como si se tratara de“asignaturas pendientes” o de claroscuros inevitables de una etapa detransición.

Finalmente, se trata de no ver a las partes separadas del todo. En otrostérminos, y sin necesidad de construir una teoría conspirativa, advertimosclaras relaciones entre muchas de las angustias y miserias que marcan la época.Por citar sólo unos casos: no se trata de que ocasionalmente mueren dosindígenas en Formosa, asesinan a un campesino del Mocase en Santiago del Estero;la legislatura deroga una ley que prohibía la minería con cianuro en Río Negro;los legisladores kirchneristas promueven la minería a cielo abierto en LaRioja; apalean a masas empobrecidas en Jujuy; o aplican ajustes y represión enSanta Cruz. Se trata de que el gobierno ha establecido una estructura de alianzascon poderes económicos y políticos, en cada una de las provincias y áreas quecontrola, que hacen posible tales violaciones de derechos, en lugar deimpedirlas. Frente a ello, en el actual contexto político, resulta por lo menoscontrovertido o más bien, ilusorio, sostener una real aspiración de igualdad.

Nota publicada por Página 12 - 15_1_2012