10 de Febrero de 2012
Plataforma 2012
surge de la necesidad de construir una voz colectiva que pueda debatir abierta y públicamente los grandes problemas
nacionales para contribuir al accionar social transformador, por fuera de los
reduccionismos y del encapsulamiento del debate que promueve polarizaciones
descalificadoras.
Plataforma 2012 es
un colectivo de intelectuales y trabajadores de la cultura comprometidos en la
lucha por un país verdaderamente independiente, una sociedad justa e
igualitaria con plena vigencia de la libertad y los derechos humanos.
Plataforma 2012 se
propone como un espacio plural, democrático e independiente de los diferentes
grupos de poder, sea éste político, económico o mediático.
Desde
su primer pronunciamiento, a comienzos
de este año, Plataforma 2012 planteó la
necesidad de recuperar el pensamiento crítico más allá del discurso oficial. La
enorme repercusión que produjo aquel primer documento y la cantidad de adhesiones que nos siguen llegando
desde distintos puntos del país, confirman la existencia de aquella necesidad y
comprometen a Plataforma a consolidar
un espacio que pueda hacer audibles las múltiples voces que desde el campo
popular piensan críticamente la realidad.
El
relato oficial pretende enmascarar una realidad que eclosiona en
diferentes manifestaciones en el cuerpo
social. Plataforma 2012 considera que
el desmontaje de ese relato - que por vía de la sacralización épica, la
negación, la tergiversación, la desmentida,
los silencios y ocultamientos tiende a imponer una visión monolítica y
unívoca de la realidad - puede ser una herramienta que contribuya a resituar el
debate de los grandes problemas nacionales. Desde esta perspectiva, los
síntomas de malestar social, lejos de ser leídos como producto de algunas
anomalías en el interior de un proceso transformador, pueden ser comprendidos
como efectos de una política global de
gobierno.
Tres
son los ejes en los que Plataforma 2012
se ha centrado desde su primer
pronunciamiento: desigualdad, en un registro abarcador, que no se mide
solamente en términos económicos, sino de desigualdad social, educativa,
sanitaria, ambiental, de género, así como las implicancias que esto tiene en
términos de desigualdades políticas y deterioro institucional; vínculos del
gobierno con las grandes corporaciones económicas; y violación de los derechos humanos hoy.
En
este sentido, la problemática de la minería transnacional - que a través de las
demandas de la pueblada de Famatina hizo visibles las luchas presentes en todo
el país -, ha demostrado su urgencia y dramatismo. Este tipo de minería ilustra
de manera cabal los tres puntos enunciados y cómo esta tríada se inscribe en una política nacional: mayores
desigualdades económicas, territoriales, sanitarias, ambientales y sociales;
alianza estratégica entre el gobierno nacional y grandes corporaciones mineras transnacionales; y
violación de los derechos humanos a través de la criminalización de la protesta
social. Del mismo modo, el problema de la megaminería ha desenmascarado el relato mistificador del
gobierno, que procura deslindar su
responsabilidad en la aplicación de la política megaminera y sus
consecuencias, atribuyéndola a decisiones de competencia exclusiva de los
gobiernos provinciales, como si la
aplicación de esas políticas no respondiera a una política nacional
impulsada por el Ejecutivo y como si esos gobiernos no
formaran parte de la estructura de alianzas oficialista.
Lejos de ser “motor de desarrollo”, como argumentan
sus defensores, la megaminería trasnacional refuerza la dependencia hacia los
centros capitalistas de poder global, y profundiza las formas de desigualdad ya
existentes a escala local, provincial y nacional: expoliación
económica, devastación institucional, destrucción de territorios y depredación
de bienes naturales, fragmentación y control social, cooptación
científico-tecnológica, ya son hechos incontestables de nuestra realidad del
siglo XXI, que no hacen más que remitir y actualizar la triste historia colonial del continente.
Así,
cuando hablamos de megaminería no se trata solamente de una discusión
exclusivamente económica o ambiental, sino también de una discusión política. La
megaminería es uno de los eslabones más contundentes –aunque no el único- que
ilustra la continuidad y profundización por parte de este gobierno respecto de
las políticas de explotación neocolonial y expropiación de los bienes naturales
aplicadas en los ´90. Uno de los ejemplos más emblemáticos, además del veto a
la ley nacional de protección de glaciares en 2008, ha sido la participación de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en diferentes reuniones con Peter
Munk, el CEO de la empresa Barrick Gold, tanto en Toronto como en Buenos Aires,
a fin de facilitar un acuerdo tributario con dicha empresa, a cargo del
proyecto binacional de Pascua-Lama. La fotografía que muestra a la presidenta
en Canadá, junto a P.Munk, custodiada por tres banderas –la de Canadá, la de
Argentina y la de la Barrick Gold- es todo un símbolo de la alianza estratégica
entre gobierno nacional y megaminería, y sin duda quedará grabada en la memoria
de los argentinos.
El
“relato” oficial, que procura presentarlas como parte de un modelo de
crecimiento y generación de empleo, es una pieza clave para la construcción de
un consenso social favorable que garantice su aplicación. La retórica épica
sobre las bondades de la política megaminera se complementa con el ocultamiento
y negación de sus efectos devastadores. Y cuando las poblaciones involucradas,
lejos de contribuir al “consenso megaminero” buscado por el gobierno,
desenmascaran la falacia cuestionando legítima y abiertamente la megaminería a
cielo abierto, movilizándose para rechazarla y concitando - como en el caso de
Famatina – solidaridades en todo el país, el gobierno echa mano a un nuevo
recurso discursivo: la “desmentida”. Según este recurso, que pretende borrar de
la memoria colectiva la imagen y el valor simbólico de aquel encuentro
presidencial en Toronto con el CEO de la Barrick Gold, la megaminería a
cielo abierto no formaría parte del
proyecto político del gobierno nacional sino que correspondería a decisiones y
acuerdos estrictamente provinciales - en
este caso del gobernador Beder Herrera.
Esquel
y Gan Gan, Andalgalá, Belén, Santa María y Tinogasta, Chilecito y Famatina,
Calingasta y Jachal, Ingeniero Jacobacci y Bariloche, Gregores, Campana Mahuida-Loncopué
y Rincón de los Sauces, General Alvear, San Carlos y Uspallata, Capilla del
Monte, Casa Grande y Yacanto de Calamuchita, La Carolina y Merlo, Abra Pampa,
Cangrejillos y Tilcara, Cafayate, Metán y Tolar Grande, Jasimampa y Sumampa, Amaicha del Valle y El
Paso, valles enteros de diferentes provincias, son algo más que puntos
supuestamente remotos de nuestra amplia geografía nacional. Son poblaciones
que, detrás de la bandera “El agua
vale más que el oro”, han ido construyendo de modo perseverante y en
situación de gran asimetría de fuerzas, una red de resistencias local y
regional que, en varios casos, ha tenido como producto la sanción de leyes
provinciales que prohíben este tipo de minería con algunas sustancias químicas.
La megaminería no es cuestionada por desconocimiento, ni
por falta de cultura productiva, sino precisamente porque ésta constituye una
síntesis acabada del maldesarrollo.
Se trata además de un modelo que pone en jaque a la democracia, pues avanza sin
consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales,
divisiones en la sociedad y una nueva espiral de criminalización de las
resistencias. A la causa penal abierta contra los vecinos de Andalgalá y
Famatina, se sumaron, primero, la detención de 18 vecinos en el pueblo de Santa
María en Catamarca, a quienes se los acusa de entorpecer el tránsito terrestre
(art. 194 CP) y de ser parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus
ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213 bis); segundo,
la represión desatada por la policía provincial contra los vecinos de Belén,
que dejó como saldo decenas de detenidos (entre ellos, un niño menor de 13
años); tercero, la brutal represión y desalojo en Tinogasta y asimismo en
Amaicha del Valle.
Todo esto pone en evidencia un deterioro de las
instituciones. Por ello, vemos con mucha preocupación que el mismo gobierno que
ha destruido el sistema nacional de estadísticas (lo que dificulta toda
reflexión colectiva sobre pobreza, desigualdad, desempleo o inflación, y afecta
seriamente las negociaciones salariales), que extorsiona a los jueces que lo
desafían, que se ha ocupado de desoír o desarmar la estructura de controles
institucionales sobre el poder, que ha reforzado el proceso de concentración
del poder en el ejecutivo, hoy amenaza solapadamente con una reforma
constitucional promovida por las peores razones de corto plazo.
Con
la convicción de que los pueblos tienen el derecho de elegir el modelo de
desarrollo que más convenga y beneficie a sus poblaciones, en función de un
ideal de igualdad y de equilibrio con la naturaleza y en solidaridad con las
movilizaciones vecinales de tantas pequeñas y medianas localidades de nuestro
país, que se han levantado activamente contra este modelo neocolonial, en
defensa de nuestras cuencas hídricas y de nuestros territorios, Plataforma
2012 plantea la
necesidad de debatir e impulsar
las siguientes propuestas:
1.
Reforma integral del Código de Minería y
derogación de la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y sus modificatorias, que promueven y habilitan la destrucción de
los bienes comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas.
2.
Aplicación efectiva de la Ley Nacional de Protección de los
Glaciares en todo el país.
3.
Recomposición ambiental de las zonas afectadas por los
megaemprendimientos mineros que actualmente existen en el país.
4.
Cierre de todas las causas abiertas a los
ciudadanos criminalizados por manifestarse
contra la megaminería.
5.
Urgente derogación de la nueva ley
antiterrorista.
6.
Urgente
sanción de las leyes provinciales
derogadas en La Rioja y en Río Negro,
que prohibían este tipo de megaemprendimientos mineros.
7.
Activación y ampliación de mecanismos
participativos y de democracia directa que apunten a la democratización de las
decisiones.
8.
Propuesta de Declaración de una moratoria a
nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera.
9.
Propuesta y debate de una Ley Nacional de
Prohibición de la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y la
uranífera en todo el país.
10.
Propuesta de un gran debate nacional que
reflexione y genere políticas públicas que apunten a una salida del extractivismo,
en pos de un equilibrado e igualitario
desarrollo de los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida